El falso dilema de los riesgos a la seguridad y la transparencia de los beneficiarios reales

La transparencia de los beneficiarios reales se está convirtiendo en la norma mundial. Más de 100 países se han comprometido a tener registros públicos con información acerca de los beneficiarios reales de las empresas. Muchos de ellos han emprendido reformas y divulgado más información desde que el Estándar EITI introdujo el requisito de divulgación de la información sobre quiénes son los propietarios de las empresas extractivas.  Aun así, los países de América Latina y el Caribe han avanzado más lentamente en este punto. Solo dos países —Cuba y Paraguay— tienen registros públicos de beneficiarios reales. Algunos otros cumplen con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para reunir información sobre beneficiarios reales en un conjunto muy limitado de actores económicos, pero sus registros no son de acceso público. Ante esta situación, hay que preguntarse: ¿qué le impide a los gobiernos hacer pública la información sobre los beneficiarios reales?

Situación de la divulgación de información sobre beneficiarios reales en países de América Latina y el Caribe que implementan y difunden el EITI

¿Es la inseguridad un obstáculo real o un pretexto sin fundamento?

Quienes se oponen a los registros de beneficiarios reales en la región mencionan a la inseguridad personal como el principal obstáculo, y argumentan que la transparencia total pondría a los beneficiarios reales en riesgo. Este fue el tema de la última edición de Debates EITI presentado por Opening Extractives, un programa implementado por el EITI y Open Ownership para promover la transparencia de los beneficiarios reales en el sector de las industrias extractivas. 

Los expertos de la región analizaron este tema desde distintos ángulos: la seguridad nacional, la lucha contra el lavado de dinero y contra la corrupción. Sostuvieron que la publicación de la información sobre los beneficiarios reales en sí misma no representa una amenaza significativa para la seguridad personal, sino que los riesgos de seguridad son parte de un problema más amplio que no se desencadena cuando la información es de acceso público. En sentido contrario, argumentaron que la apertura de la información fortalecerá el estado de derecho y ayudará a los gobiernos a establecer mecanismos más sólidos de rendición de cuentas y de iniciativas anticorrupción.

Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, sostuvo que la publicación de información sobre los beneficiarios reales “no es un factor que dispare”  la extorsión o el crimen organizado. Mencionó que la revelación pública y el escrutinio de información acerca del modo de gestión de las empresas, incluida la información sobre sus contratos y estructuras de titularidad, pueden fortalecer el gobierno y el estado de derecho, además de brindar apoyo a las iniciativas anticorrupción.

Para Andrés Knobel, de la Red para la Justicia Fiscal, la publicación de la información sobre los beneficiarios reales es una cuestión clave para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción. “Es la primera y, posiblemente, la única forma de empezar a investigar y exigir a las autoridades que rindan cuentas en la lucha contra estos delitos”, afirmó Knobel. Si bien muchos gobiernos administran registros centralizados y confidenciales, a menudo las autoridades no tienen recursos suficientes para controlarlos y detectar señales de alerta, además, pueden quedar involucrados en actividades de corrupción o ilegalidad. La publicación de los registros permite a la ciudadanía y a otras partes interesadas examinar, fiscalizar y volver a verificar la información, y detectar actividades sospechosas, especialmente en los casos en que estos comportamientos ilícitos podrían tener impacto en múltiples jurisdicciones.

Resguardar la seguridad de los países

Acerca del dilema de la seguridad, Knobel señaló que la situación “despierta muchas emociones comprensibles, dado que el riesgo de seguridad es un problema frecuente en América Latina, pero se trata más de emociones que de evidencia”. Otros países que han atravesado conflictos armados (tales como Croacia, Serbia, Montenegro y Macedonia del Norte) tienen registros públicos y no hay evidencia de que esta divulgación haya aumentado la tasa de delito. Andrés señaló que los registros revelan la titularidad y el control de una empresa, no la riqueza personal de sus miembros.

Verónica Grondona, directora de Fiscalidad Internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, reconoció que en Argentina podría haber reformas jurídicas que permitieran publicar información sobre los beneficiarios reales en el futuro. Destacó que los beneficiarios reales no tienen restricciones para divulgar su propia información, en apoyo a la idea de divulgación voluntaria. Además, hizo hincapié en que distintas organizaciones gubernamentales pueden beneficiarse de la verificación de los datos con otros registros para detectar riesgos de corrupción y reconoció que podría haber modificaciones a la legislación para publicar los registros en lo sucesivo. 

La seguridad es una amenaza real para gran parte de la ciudadanía en toda la región. No obstante, el uso de los riesgos de seguridad como excusa para la falta de transparencia hace a todos los países perder una buena oportunidad. Las violaciones a la seguridad, la violencia y el delito son la consecuencia de un estado de derecho débil y de un deficiente cumplimiento de la ley. Profundizar las medidas de transparencia de los beneficiarios reales puede atraer recursos adicionales, desde la sociedad civil y otras instituciones, para luchar contra la corrupción, prevenir el crimen organizado y promover prácticas empresariales justas. Los programas como Opening Extractives pueden ayudar a los países a avanzar en esta agenda, identificar riesgos y proponer políticas públicas, y brindar asistencia técnica cuando sea necesario. La transparencia sobre los beneficiarios reales no representa un riesgo para la seguridad. Su contribución a la lucha contra la corrupción hace a los países más seguros.