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Whistleblower

El fortalecimiento de la lucha anticorrupción basada en datos con el nuevo Estándar EITI

Las nuevas disposiciones empoderan a los países para que utilicen el EITI con el fin de mitigar la corrupción en el sector extractivo

El sector de la minería, el gas y el petróleo es proclive a la corrupción por diversas razones. La rentabilidad del sector, la compleja pericia financiera y técnica que se necesita para llevar adelante proyectos extractivos y la discrecionalidad en la toma de decisiones relativas a la adjudicación de licencias son solo algunos de los factores que contribuyen a la prevalencia de los riesgos de gobernanza en el sector y en los que se funda la misión del EITI de mejorar la gobernanza de los recursos naturales a través de la divulgación y el diálogo.

Pese al potencial de los informes EITI para exponer aspectos vulnerables de las cadenas de valor del petróleo, el gas y los minerales, la transparencia por sí sola no garantiza la rendición de cuentas.

En el pasado, muchos de los países implementadores del EITI han sido reticentes a enfrentar los problemas de corrupción de manera directa, a menudo debido a la incertidumbre acerca del papel que el EITI podría desempeñar en la lucha contra la corrupción, las limitaciones percibidas respecto de su mandato o la renuencia a abordar los problemas de corrupción cuando estos son considerados un tema sensible.

Sin embargo, los recientes escándalos de corrupción en el sector ponen de relieve la necesidad de definir el papel del EITI en la labor de mitigar la corrupción. Reconociendo esta necesidad imperiosa, algunos países, como ArmeniaGabón, Indonesia, Mongolia, Filipinas, Togo y diversas naciones de América Latina han comenzado a valerse del EITI para identificar los riesgos de corrupción en sus respectivos sectores extractivos. Asimismo, países como Ghana, Nigeria y Zambia están aprovechando los datos sobre los beneficiarios reales para abordar los riesgos de corrupción mediante su participación en el programa Opening Extractives. Por otra parte, EITI Malaui ha facilitado debates destinados a tratar las acusaciones de corrupción en la renovación de una licencia minera.

Un escenario de riesgos en evolución

A medida que los países siguen avanzando en la transición hacia las energías limpias, los riesgos de corrupción en el sector extractivo podrían intensificarse. En el sector del gas y el petróleo, este cambio puede llevar a compañías respetadas a desviar sus intereses en favor de actores más pequeños o nuevos que carezcan de la experiencia y los recursos que hacen falta para implementar los mecanismos de salvaguarda necesarios. La mayor demanda de los minerales necesarios para las tecnologías de energías renovables, como el cobalto, el cobre, el níquel, el litio y las tierras raras, puede alimentar especulaciones corruptas en torno a las reservas y atraer inversiones ilegítimas en proyectos de minería. Las autoridades reguladoras, además, podrían acelerar la aprobación de licencias y eludir los marcos legales para satisfacer las demandas de producción.

Cabe destacar que el 40 % de los recursos minerales del mundo necesarios para la transición se encuentran en países con una gobernanza deficiente, mientras que aproximadamente una quinta parte de las reservas de bauxita, cobalto, cromo, estaño y níquel está concentrada en países del EITI. Este contexto, en el que se espera que la demanda de los minerales necesarios para la transición se cuadruplique de aquí al 2050, es un momento clave para que el EITI contribuya a generar un marco robusto para la gobernanza del sector extractivo.

El Estándar EITI 2023: ¿Qué hay de nuevo?

El actual contexto global de la transición energética es la base en la que se fundan algunos de los cambios clave introducidos en el Estándar EITI. Por primera vez, el Estándar EITI alude explícitamente al abordaje de la corrupción como objetivo central de ciertas divulgaciones de datos, entre ellas, las concernientes a los marcos legales, el otorgamiento de licencias, los contratos, los beneficiarios reales, la producción, las exportaciones, la participación estatal, la recaudación de ingresos y los gastos sociales.

Marco legal, otorgamiento de licencias y beneficiarios reales

El Estándar EITI 2023 ahora establece como requisito que los países divulguen las leyes anticorrupción pertinentes al sector extractivo, lo cual empodera a la ciudadanía para evaluar la gobernanza del sector desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción. Los países, además, deben informar si las prácticas en materia de otorgamiento de licencias y contrataciones se desvían de lo previsto en la normativa, y se los alienta a explicar por qué se emplean ciertos métodos para la adjudicación de licencias, especialmente en los casos de aprobaciones aceleradas. Este requisito busca abordar los riesgos que conlleva la creciente tendencia de las autoridades reguladoras que se muestran dispuestas a acelerar las aprobaciones de proyectos de explotación de los minerales necesarios para la transición energética.

Por otra parte, el Estándar EITI destaca la importancia de vincular la información sobre licencias con los datos sobre los beneficiarios reales a fin de detectar posibles conflictos de intereses en la adjudicación de licencias. Para evitar lagunas jurídicas en la divulgación de los beneficiarios reales (p. ej. que las empresas dividan deliberadamente sus acciones para que estas no alcancen el porcentaje de titularidad comprendido en el requisito de divulgación), se alienta a los países a revelar la identidad de los beneficiarios reales que tengan participaciones del 10 % o menos en compañías extractivas.

Los países, además, deben solicitar que las personas expuestas políticamente (PEP) divulguen íntegramente sus participaciones, independientemente de su nivel de titularidad, así como la divulgación de las estructuras societarias. Estas divulgaciones pueden ayudar a evitar que las PEP se aprovechen indebidamente de su posición para sacar rédito de los proyectos mineros. Reconociendo que muchos de los casos de corrupción que involucran a empresas estatales (ETE) se materializan a través de terceros, el Estándar EITI alienta a dichas empresas a divulgar los beneficiarios reales de sus agentes o intermediarios.  

Contratos

El Estándar EITI 2023 pone mayor énfasis en la transparencia de los contratos. Además de divulgar los principales contratos y sus anexos, ahora se alienta a los países a divulgar los contratos de exploración, los acuerdos que detallan los términos de la venta de la porción estatal de la producción u otros ingresos en especie, y los contratos que establecen disposiciones sobre infraestructura y trueque, incluidos los acuerdos de préstamo respaldados por recursos, que sean de carácter significativo.

Asimismo, se espera que los países divulguen aquellos contratos que obligan a realizar pagos sociales y ambientales. Estas divulgaciones permiten que la ciudadanía comprenda más cabalmente si las empresas cumplen sus obligaciones contractuales más allá de lo estipulado en los contratos principales.

Exploración, producción e ingresos

Para mitigar los riesgos de corrupción asociados a la especulación en torno a las reservas y las posibles fugas de ingresos, el Estándar EITI 2023 alienta a divulgar las reservas económicas comprobadas de petróleo, gas o minerales, los métodos de verificación de la exactitud de los datos sobre producción, datos estimativos de la producción y las exportaciones de la minería artesanal y los costos de los proyectos. Estas divulgaciones exponen cómo los gobiernos gestionan el riesgo de perder ingresos por la corrupción.

Un papel más sólido de los GMP y las empresas 

El Estándar EITI refuerza el mandato de los grupos multipartícipes (GMP) de involucrarse en las iniciativas anticorrupción de sus países. Los GMP ahora deben incorporar en sus planes de trabajo objetivos relacionados con las prioridades nacionales, incluidos los problemas de corrupción, y llevar adelante actividades relacionadas. Asimismo, el Estándar EITI destaca la importancia de abordar los problemas de corrupción a través del debate público.

A partir de ahora se espera que las compañías y las empresas estatales publiquen sus políticas anticorrupción, detallen cómo gestionan los riesgos de corrupción y expliquen cómo utilizan los datos sobre los beneficiarios reales. Además, se alienta a las compañías y a las empresas estatales a llevar adelante procesos rigurosos de debida diligencia. Estas disposiciones empoderan a los GMP para que aborden los problemas de corrupción e involucren activamente a las compañías y las empresas estatales en estas iniciativas.  

Vinculación con las políticas nacionales

Además de fortalecer las divulgaciones, los nuevos requisitos apuntan a orientar políticas nacionales que sean más efectivas a la hora de contrarrestar la corrupción. Sin embargo, esto solo es posible si los países aprovechan sus respectivos procesos EITI para llevar adelante medidas de mitigación de la corrupción a través del uso de los datos y una supervisión multipartícipe.

Existen diversos ejemplos de países que muestran cómo los informes EITI pueden complementar las reformas nacionales. Por ejemplo, un análisis de los datos sobre licencias de Malí pone de manifiesto cómo las adjudicaciones de licencias se han vuelto más eficaces a lo largo del tiempo. En Papúa Nueva Guinea, un estudio de los datos sobre ingresos expone cuántos ingresos de origen extractivo se registran en el presupuesto nacional y destaca oportunidades para mejorar los sistemas gubernamentales. En la República del Congo, se analizaron los términos contractuales para pronosticar los potenciales ingresos futuros por petróleo. Y, en Ghana, ya hay planes en marcha para utilizar los datos sobre los beneficiarios reales con el fin de evaluar las solicitudes de licencias mineras. 

Las nuevas disposiciones del Estándar EITI 2023 dan a los países un renovado ímpetu para capitalizar los datos y el diálogo como apoyo para sus políticas nacionales contra la corrupción. Mediante el fortalecimiento de su papel en la mitigación de la corrupción, los GMP pueden garantizar un mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas en sus labores de gobernanza de los recursos naturales.

 

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