La transparencia de los beneficiarios reales: una agenda urgente en América Latina y el Caribe

Más de 50 representantes de distintos países de América Latina y el Caribe se reunieron en Buenos Aires el mes pasado para hacer un balance de las reformas y los avances en materia de la transparencia de los beneficiarios reales. El evento, organizado por el programa Opening Extractives -liderado por EITI y Open Ownership- y organizado en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), brindó a los participantes la oportunidad de compartir buenas prácticas e impulsar la lucha contra la anonimidad en la titularidad de las empresas en el sector extractivo y en el resto de la economía.

Creciente interés en una gobernanza más sólida contra la corrupción 

La transparencia de los beneficiarios reales ha ido ganando impulso en América Latina y el Caribe. Una publicación reciente de Tax Justice Network señala que 10 países de la región tienen hoy la obligación legal de contar con un registro de beneficiarios reales, en contraste con sólo cuatro que contaban con este tipo de normativa hace cinco años. Los países implementadores de EITI, como Argentina y Ecuador, se están sumando a este movimiento con enfoques innovadores en materia de divulgación de beneficiarios reales. 

Los marcos jurídicos e institucionales firmes son la base de unas prácticas sólidas en materia de la transparencia de los beneficiarios reales, mismas que deben sustentar los programas anticorrupción gubernamentales. Sin embargo, para hacer frente a prácticas de corrupción como el lavado de dinero y las actividades de financiación del terrorismo, es fundamental contar con una fuerte supervisión pública que pueda utilizar la información sobre beneficiarios reales. El evento trajo a la luz la manera en que pueden utilizarse los datos sobre beneficiarios reales para mejorar la gobernanza de las industrias extractivas, al identificar, por ejemplo, irregularidades en la contratación pública y en la concesión de licencias. 

El foro reiteró la importancia del diálogo entre los múltiple actores y partes interesadas en la lucha contra la propiedad anónima de las empresas. Reforzar la colaboración entre organismos gubernamentales y organizaciones internacionales puede contribuir a que el proceso de identificación de riesgos de corrupción sea más eficiente y eficaz, especialmente en una época en la que la delincuencia multinacional sigue siendo una amenaza para la estabilidad económica mundial. 

Distintas herramientas, un mismo objetivo 

El evento demostró que existe un amplio consenso sobre la importancia de disponer de registros abiertos y de fácil acceso con información de beneficiarios reales para reforzar las actividades para el combate a la corrupción y el blanqueo de capitales. Sin embargo, los participantes destacaron los obstáculos que impiden hacer realidad estos registros públicos, tales como legislaciones limitadas, las leyes sobre privacidad de datos y los marcos normativos poco claros para el intercambio de información entre organismos, que dificultan el uso de la información sobre beneficiarios reales. 

No obstante, algunos países han encontrado distintas maneras para superar estas barreras a la divulgación. Los participantes compartieron las mejores prácticas en la implementación de EITI y otras normas para avanzar en la transparencia de los beneficiarios reales. Trinidad y Tobago, por ejemplo, ha establecido un registro voluntario de beneficiarios reales, mientras que la Superintendencia de Compañías de Ecuador ha adoptado un enfoque innovador, al poner a disposición del público varios datos sobre beneficiarios reales, a pesar de no contar con un registro público como tal en esta materia.  Además, las recientes modificaciones de la recomendación 24 de GAFI sobre beneficiarios reales abren la posibilidad de poner los datos a disposición de un público más amplio para reforzar las medidas gubernamentales anticorrupción. 

Opening Extractives en América Latina y el Caribe

Argentina es actualmente el único país de América Latina que aplica el programa Opening Extractives. EITI Argentina ha dado un paso importante al invitar a la Oficina Anticorrupción y a la Autoridad Fiscal (AFIP) a participar en su grupo multipartícipe, lo que le brinda la oportunidad de aprender de la experiencia en la implementación del Registro de Integridad de Empresas (una plataforma voluntaria dirigida por la Oficina Anticorrupción que alberga información sobre el cumplimiento del sector privado y sus políticas anticorrupción -incluidos los datos sobre beneficiarios reales- y la comparte con las autoridades gubernamentales). El programa Opening Extractives aprovecha este impulso para apoyar reformas que hagan obligatoria la divulgación de los beneficiarios reales en el sector extractivo. 

El foro sentó las bases para una creciente comunidad de práctica que puede facilitar el aprendizaje y la innovación entre funcionarios públicos y profesionales de toda la región. También dejó claro que la cooperación interinstitucional da resultados positivos y aumenta las oportunidades de aprendizaje que permiten mejorar la implementación de políticas públicas. Más aún, el foro demostró el valor de la colaboración más allá de las fronteras entre distintas organizaciones, y que a fin de lograr que la transparencia de los beneficiarios reales sea una norma a nivel mundial, la unión de esfuerzos es indispensable. 

El evento contó con la participación de representantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, así como de cinco organizaciones internacionales (Open Government Partnership, UNODC, Open Contracting Partnership, Pan American Development Foundation y el Foro Global) que están involucrados en la agenda de la gobernanza y la transparencia de los beneficiarios finales en América Latina y el Caribe. El evento también unió a representantes de distintas oficinas gubernamentales y judiciales de Argentina, así como de gobiernos de las provincias que comenzarán a implementar EITI en el país.