Auge o declive: ¿podrán los países ricos en minerales beneficiarse de la transición energética?

La transición energética trae consigo oportunidades económicas para los países ricos en minerales; sin embargo, los riesgos de corrupción y de gobernanza podrían socavar este prometedor futuro del sector.

La transición energética está impulsando la demanda de los minerales que se utilizan para producir tecnologías con bajas emisiones de carbono, como paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos. A lo largo de las próximas dos décadas, esta demanda podría crecer en hasta un 900 % en el caso de algunos minerales. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas también hacen que estas proyecciones sean inciertas. Según el nuevo informe del EITI, elaborado por la Universidad de Queensland, es probable que los países implementadores del EITI tengan una participación importante en la satisfacción de esta creciente demanda.

En muchos países ricos en minerales, los funcionarios gubernamentales están muy entusiasmados con las perspectivas económicas del sector minero. Tienen la esperanza de que surjan nuevas inversiones que generen ingresos, empleo y oportunidades para las empresas locales.

Sin embargo, las posibilidades de transformar la riqueza natural en resultados de desarrollo sostenible dependen de que haya una buena gobernanza. La historia da cuenta de los riesgos que un auge de la minería puede traer aparejados en términos de corrupción y para las finanzas públicas; esto incluye, por ejemplo, el pago de sobornos para el otorgamiento de licencias, evaluaciones socioambientales inapropiadas y la pérdida de ingresos debido a una recaudación tributaria deficiente. En algunos casos, la mera previsión de un pequeño aumento en las inversiones podría desestabilizar la economía en los países ricos en minerales.

Corrupción en el otorgamiento de licencias y las contrataciones

Las oportunidades comerciales asociadas a un auge minero podrían ser vulnerables a la corrupción. Uno de los riesgos más importantes está relacionado con las adjudicaciones de licencias mineras. En muchos países, las autoridades se apresuran a aprobar el desarrollo de nuevas minas, y los gobiernos buscan acelerar los procesos de otorgamiento de licencias. Perú, por ejemplo, ha simplificado los procesos de consulta a las comunidades, mientras que Brasil introdujo una política para acelerar la aprobación de minas de importancia estratégica. Cuando las oleadas de solicitudes comiencen a saturar la capacidad de los organismos gubernamentales, es posible que las empresas se vean cada vez más tentadas a ofrecer sobornos para acelerar su aprobación, especialmente en un contexto fuertemente especulativo, caracterizado por una pugna geopolítica entre superpotencias económicas interesadas en asegurarse el suministro de los minerales necesarios para la transición energética.

Los funcionarios, además, podrían verse presionados para abaratar costos y omitir controles de debida diligencia, lo cual incrementaría el riesgo de que haya empresas con nexos políticos (y/o sin las condiciones necesarias) que adquieran derechos mineros, o que se hagan evaluaciones socioambientales deficientes o manipuladas. Esto puede ser particularmente problemático, dado que algunos de los minerales utilizados en la transición energética se encuentran en áreas no explotadas por la minería y con medioambientes frágiles, en países que son sensibles a los impactos ambientales y sociales. Por ejemplo, en el “triángulo del litio” (formado por Argentina, Chile y Bolivia), los proyectos mineros podrían someter los limitados recursos hídricos de la región a una presión aun mayor.

De igual modo, las contrataciones de bienes y servicios por parte de las empresas mineras pueden resultar vulnerables a la corrupción. Según una investigación de la OCDE, esta es un área de riesgo clave en el sector de la minería.

La transparencia y el diálogo multipartícipe pueden ayudar a mitigar estos riesgos. Los gobiernos deberían justificar de forma clara todo proceso “acelerado” de adjudicaciones y destinar suficiente tiempo y recursos a los controles de debida diligencia. Las empresas mineras pueden contribuir a la lucha contra la corrupción comprometiéndose a implementar prácticas de integridad empresarial y procesos de debida diligencia robustos en todas sus unidades empresariales. En este sentido, las Expectativas sobre las empresas que apoyan al EITI, que muchas de las grandes compañías mineras del mundo ya se han comprometido a cumplir, ofrecen un punto de partida.

Incertidumbre en torno a las finanzas públicas

Incluso si un país posee abundantes reservas minerales, la llegada de posibles inversiones puede verse frustrada debido a una gobernanza débil y falta de transparencia. Así, por ejemplo, los países que no cuenten con datos geológicos sólidos y de acceso público podrían tener dificultades para atraer a empresas mineras de calidad y responsables. Pese a ello, tan solo cuatro de los países implementadores del EITI (Colombia, Indonesia, Kazajistán y Mongolia) han adoptado las pautas sobre buenas prácticas del CRIRSCO para la divulgación pública de los resultados de actividades exploratorias y los recursos y reservas minerales.

Aunque el sector crezca, los países productores y los inversores no estarán en condiciones de tomar decisiones plenamente informadas debido a la incertidumbre respecto de las perspectivas económicas. La volatilidad en los precios podría generar flujos de ingresos impredecibles y desafíos para la planificación macroeconómica. Los gobiernos podrían recaudar menos ingresos que los previstos por los funcionarios debido a la utilización de estructuras tributarias opacas en las empresas que operan en las cadenas de valor de los minerales empleados en la transición energética. En 2018, Chile tuvo que crear una comisión para supervisar los contratos de litio a raíz de denuncias sobre abusos en los precios de transferencia.

Los gobiernos de los países ricos en recursos deberían promover la transparencia y la rendición de cuentas en el sector, a fin de poder mitigar estos riesgos y materializar su potencial minero. Deberían publicar información más detallada sobre las reservas y el potencial económico de los minerales empleados en la transición energética; fortalecer la supervisión de los flujos de ingresos y las relaciones financieras de las empresas; y promover políticas que favorezcan la transparencia en la toma de decisiones y la planificación económica a largo plazo.

La opacidad en el comercio de materias primas y la participación estatal

En un contexto en el que los países ricos en recursos buscan capitalizar la competencia global por los minerales utilizados en la transición energética, algunos de ellos están ampliando la participación de las empresas de titularidad estatal en el sector minero. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, el Estado creó hace poco la Entreprise Générale du Cobalt (EGC) para que se ocupe de gestionar todo el cobalto extraído artesanalmente. En Indonesia, las empresas de titularidad estatal manejan el comercio de estaño, níquel, bauxita y otros minerales.

Es sabido que la falta de transparencia en los flujos de ingresos entre los gobiernos y las empresas de titularidad estatal supone un riesgo, especialmente cuando estas empresas intervienen en la venta de la parte de la producción perteneciente al Estado. Si bien el sector del gas y el petróleo ha sido especialmente vulnerable a la corrupción en el comercio de materias primas, el sector de la minería podría enfrentarse a riesgos similares a medida que los gobiernos involucren cada vez más a las empresas de titularidad estatal para capitalizar las oportunidades derivadas del crecimiento de la demanda de minerales para la transición energética.

En los países donde se prevé que las empresas de titularidad estatal tendrán un papel preponderante, es importante que las autoridades identifiquen los riesgos de gobernanza y corrupción vinculados y que establezcan medidas para mitigarlos, tanto para los socios comerciales de las empresas de titularidad estatal como para estas empresas en sí mismas. Al igual que con las compañías del sector privado, no hay ningún motivo por el cual las empresas de titularidad estatal no puedan comprometerse a implementar estándares de integridad elevados en todas sus unidades empresariales y a establecer procesos para la evaluación de riesgos y controles de debida diligencia, incluso a la hora de relacionarse con comerciantes de materias primas.

---

Las experiencias del pasado demuestran que el sector de la minería solo podrá contribuir al desarrollo sostenible de los países ricos en minerales si está bien administrado. Los países que no posean mecanismos elevados para garantizar una buena gobernanza y que no combatan verdaderamente la corrupción dejarán escapar potenciales ingresos, alejarán a los inversores, se perderán la oportunidad de diversificar sus economías y aumentarán el riesgo de padecer impactos socioambientales perjudiciales. El resultado será un auge minero incapaz de cumplir con las expectativas económicas generadas, y una transición energética que posiblemente no logre impulsar la descarbonización global a la velocidad necesaria (o que lo haga a costa de los ciudadanos de los países ricos en minerales).