En 2020, el sector de las energías renovables representó el 26 % de los anuncios de proyectos de inversión extranjera directa en la región, según datos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL). Doce países se comprometieron recientemente a basar el 70 % de su matriz energética en energías renovables de aquí a 2030. La mayor parte de las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) de la región en virtud del Acuerdo de París incluyen una reducción de las emisiones del 20 % al 30 % de aquí a 2030.
La transición energética supone nuevas oportunidades de desarrollo y nuevos retos. La transición en América Latina y el Caribe puede atraer inversiones y generar nuevos empleos; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pronostican que la transición energética puede crear 15 millones de empleos de aquí a 2030. Por otro lado, la transición también afectará a los ingresos del gobierno en los países que dependen de los combustibles fósiles y trae consigo el riesgo de dejar una cantidad enorme de recursos varados.
Las divulgaciones y los datos del EITI pueden ayudar a comprender estos retos y oportunidades y mejorar las acciones que pueden conducir a los países hacia una transición sostenible. La información del EITI puede generar un debate inclusivo en el que las comunidades y los grupos minoritarios debatan las implicaciones económicas, sociales y ambientales de la transición energética con empresas y gobiernos. Los datos del EITI también pueden ayudar a los gobiernos y las comunidades a anticipar y planificar estos impactos como, por ejemplo, mediante la priorización de las inversiones en regiones o sectores concretos o el diseño de políticas específicas en las que basar una transición justa.
Retos económicos
Como se prevé que la demanda de combustibles fósiles llegará a su máximo en la próxima década, las finanzas gubernamentales podrían verse afectadas en países donde estos productos representan una parte importante de los ingresos gubernamentales, las exportaciones y los empleos. En Guyana, que comenzó la producción de petróleo el año pasado tras varios descubrimientos importantes, las expectativas de ingresos procedentes del petróleo son altas. El Informe EITI 2017-2018 de la República Dominicana da cuenta del primer proceso de licitación internacional para la exploración y extracción de petróleo, cuyo primer contrato fue firmado en 2020. Los países de la región se enfrentan a un plazo cada vez más estrecho para aprovechar sus reservas de hidrocarburos y a una creciente necesidad de diversificación fiscal. Un estudio reciente del BID prevé que más de dos terceras partes de las posibles reservas de la región podrían terminar varadas de aquí al 2035.
El Informe EITI 2019 de Colombia muestra que aunque la extracción de petróleo representa alrededor del 3% del PIB y el carbón solo el 1%, los gobiernos regionales y locales tienen derecho a una parte significativa de las transferencias de regalías del sector extractivo. Una ley reciente da a los gobiernos locales más autonomía para administrar los recursos de regalías (4,2 millones de USD). Por consiguiente, la eliminación gradual de los proyectos de combustibles fósiles podría tener un impacto significativo y duradero en los ingresos de las comunidades que dependen del sector para obtener ingresos y crear empleo.
La transición energética también puede atraer más inversiones y diversificar los ingresos del gobierno. Los impuestos al carbono son un buen ejemplo. Tres países implementadores del EITI en la región —Argentina, Colombia y México— los han recaudado durante algunos años, pero solo Colombia los publica en su Informe EITI. En Colombia y México se ha registrado una disminución de estas contribuciones durante los últimos dos años, mientras que en Argentina han venido creciendo constantemente desde 2018. La presentación de esta información puede contribuir a los debates sobre las necesidades futuras para financiar la transición energética, hacer un seguimiento de los ingresos del gobierno y arrojar luz sobre el progreso hacia las metas de cero emisiones netas de carbono.
Retos para la gobernanza
América Latina y el Caribe albergan importantes reservas de minerales críticos como litio, níquel, cobalto, cobre y oro. El previsible aumento de la demanda desencadenará debates sobre el nivel apropiado de impuestos y regalías recaudados por el gobierno y los mecanismos de gobernanza para explotarlos. Actualmente, varios países están debatiendo o aplicando cambios de política en la gobernanza de estos minerales, como la revisión de las regalías y la nacionalización de la producción. México está estudiando un proyecto de ley que reservaría la explotación del litio y otros “minerales estratégicos” al Estado. Es necesario actualizar las leyes mineras en varios países de la región, y el EITI puede ser un foro natural para el aprendizaje interpares y para la implementación de mejores prácticas.
El EITI también puede ayudar a abordar cuestiones que ponen en peligro la transición energética en la región. Según una encuesta de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la corrupción se identificaba como un posible obstáculo para la transición energética en el continente. Los Informes EITI pueden esclarecer los riesgos y desafíos potenciales en la industria de las energías renovables, incluida la contratación, los beneficiarios reales de las empresas, los ingresos y el impacto social y ambiental.
Retos ambientales y sociales
El cambio a fuentes de energía más limpias será testigo del desarrollo de nuevos proyectos mineros, la cancelación de otras actividades mineras (como la producción de carbón), una disminución de la producción de petróleo y un aumento de la demanda de gas. Los Informes EITI sobre la gestión ambiental y el seguimiento de las actividades extractivas, así como los gastos sociales y ambientales, pueden apoyar el debate público sobre estos temas en consonancia con el Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental firmado por 24 gobiernos de la región que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en materia ambiental. El debate más reciente de los Debates EITI subrayó que una transición justa requiere una ciudadanía bien informada sobre las políticas y consecuencias de la transición energética.
El EITI también podría servir de plataforma de diálogo para contribuir a las decisiones relativas a los objetivos climáticos. Como parte de sus esfuerzos para aumentar la conciencia pública sobre el cambio climático y la transición energética, el EITI en Trinidad y Tobago (TTEITI) estableció un subcomité ambiental para supervisar el trabajo sobre la presentación de informes ambientales por parte de las empresas, lo que incluye la electricidad, el uso del agua, el CO2 y el metano. El subcomité tiene por objeto incorporar consideraciones ambientales y climáticas en la gestión del sector, incluido un enfoque de capital natural, en colaboración con el Banco Central de Trinidad y Tobago y otros organismos.
Una transición justa debe ser una transición transparente
Un progreso ordenado pero constante hacia la transición energética puede ser un buen camino hacia la recuperación económica en la región, que todavía está lidiando con los efectos de la COVID-19. El sector extractivo desempeñará un papel clave en la transición a las cero emisiones de CO2, pero la transparencia es fundamental para evitar errores de gobernanza del pasado y garantizar mercados eficientes. A medida que se acelera la transición, el EITI puede ser un vehículo para la rendición de cuentas en los esfuerzos de los países por cumplir los compromisos sobre el clima.
